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Legisladores rechazan cierre de juzgados en el interior del país; entre ellos en San José

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Se decidió convocar al presidente y ministros de la SCJ ante la Comisión de Constitución y Códigos de la Cámara de Representantes.

La Suprema Corte de Justicia (SCJ) resolvió el 12 de agosto suprimir a partir del 1° de octubre 20 juzgados de Paz en 12 departamentos del interior del país. La medidas anulará juzgados en Artigas, Canelones, Cerro Largo, Colonia, Florida, Lavalleja, Maldonado, Rivera, Rocha, San José, Soriano y Treinta y Tres.

La decisión generó el rechazo de varios legisladores oficialistas y de la oposición, del sindicato de funcionarios judiciales y del Colegio de Abogados del Uruguay. Exigen que se de marcha atrás con esta resolución.

La medida, según la Acordada número 8119 de la SCJ, se debe a una reorganización de los territorios jurisdiccionales con el propósito de mejorar la distribución de los «recursos humanos, materiales y presupuestales existentes».

Los diputados nacionalistas Diego Echeverría (Maldonado) y Mario Colman (Colonia) resolvieron citar de forma urgente al presidente y ministros de la SCJ ante la Comisión de Constitución y Códigos de la Cámara de Representantes para que fundamenten su decisión que afecta a sus departamentos.

«Lo que sucede con la Acordada 8119 de la Suprema Corte de Justicia es preocupante. Significaría un complejo retroceso en el acceso a la Justicia», señaló Echeverría.

Por su parte, Colman inició gestiones amte la SCJ para trasladar a sus ministros su preocupación con el objetivo de «revertir esta decisión que afecta a 3 ciudades de nuestro departamento».

El senador Sergio Botana también cuestionó la decisión de la SCJ y sostuvo que “quienes toman estas decisiones no están en el Uruguay, no entienden lo importante que es la existencia de los juzgados de Paz en el interior profundo”.

La bancada de Senadores del Partido Nacional le solicitará una reunión al presidente de la Corte, Tabaré Sosa.

Por otra parte, la presidenta de la Comisión de Constitución, Códigos, Legislación General y Administración de Diputados, Cecilia Bottino, del Frente Amplio, también manifestó su rechazo.

«Convocaremos al Parlamento a los involucrados y afectados, para conocer las razones de la decisión, que afecta a la ciudadanía en el acceso a la justicia», señaló.

Fuente / Medios Públicos